El derecho a la salud de todas las personas

Pressenza | Embarazadas, menores y solicitantes de asilo sin derecho a ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, apoyadas por organizaciones de salud y derechos humanos, llevan a cabo un acto de protesta frente al Ministerio de Sanidad.

Un año después de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, organizaciones de la sociedad civil exigen de manera urgente al Gobierno de España una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en condiciones de igualdad a todas las personas que viven en España, sin distinción alguna.

Amnistía Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) -integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está Médicos del Mundo- y Yo SÍ Sanidad Universal manifiestan una profunda preocupación ante la actual exclusión sanitaria que viven cientos de personas migrantes en España a pesar de que hace un año el Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

Por ello, las organizaciones se han concentrado ayer, 31 de julio, frente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para protestar por esta situación mediante la construcción de un muro que representa las dificultades a las que muchas personas tienen que enfrentarse día a día. Varias personas que han sufrido la exclusión del Sistema de Salud han compartido sus testimonios y finalmente han derribado el muro.

Resulta particularmente preocupante que, más allá de estas barreras, la nueva legislación no garantice en todo caso y sin excepción la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en urgencias hasta el alta médica. Cabe recordar que la obligación de prestar especial protección a estas situaciones está reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el punto de que incluso una norma tan restrictiva de derechos como fue el RDL 16/2012, la contemplaba de manera expresa.

No son casos aislados

Durante este último año, asociaciones como Médicos del Mundo han recogido más de 1.300 casos de vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 55 mujeres embarazadas; 116 menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en urgencias, 35 personas reagrupadas y 626 personas que no han podido ver reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas existentes y la ambigüedad de la legislación.

Como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, VIH y salud mental.

“Recorrimos seis centros de salud y en todos nos negaron la asistencia. Estaba de casi de ocho meses y no había pasado ningún monitoreo. No sabía si el bebé estaba colocado, si venía enrollado (…) tampoco el sexo. Solo me quedaba esperar que todo estuviera bien el día del parto”, explica Josefina –nombre ficticio para proteger su identidad-, de nacionalidad peruana y reiteradamente excluida de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.

“La información cruzada te angustia. Cada vez que iba al centro de salud me decían una cosa distinta”, dice Francisca, de origen chileno y con menos de tres meses de estancia en España.

Además, las organizaciones denuncian que el Gobierno se ha negado a abordar la exclusión de las personas mayores que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar para vivir con sus hijos e hijas. Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que cierra la puerta al reconocimiento de su derecho por la vía judicial, se impone la necesidad urgente de una modificación legislativa que garantice el acceso al sistema sanitario para este colectivo, cuya edad avanzada y frágil estado de salud no admite dilaciones.

Una normativa ambigua que da lugar a la interpretación

Tal y como ya advirtieron las organizaciones firmantes durante el proceso de elaboración del RDL 7/2018, la excesiva ambigüedad en la redacción del texto, así como la introducción de múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a la atención sanitaria –la estancia superior a 90 días, la obligación de aportar documentación de difícil obtención como es el certificado de no exportación del derecho o la exigencia de que no exista un tercero obligado al pago (por ejemplo un seguro médico)- son una puerta abierta a la persistencia de situaciones de exclusión, pues levantan barreras infranqueables para muchas personas.

A pesar de que el RDL 7/2018 ha constituido un avance para el Sistema Nacional de Salud en la medida en que reniega del modelo de aseguramiento del anterior reglamento -RDL 16/2012-, la nueva regulación es claramente insuficiente, ya que no solo no recupera el nivel de acceso previo a la reforma de 2012 sino que, en algunos aspectos, es incluso regresiva respecto a lo recogido en dicha reforma, al no mencionar expresamente en todo caso y sin excepción, tal y como se indica más arriba, la atención sanitaria de las personas extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad.

Por ello, las organizaciones recuerdan una vez más al Gobierno los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, en particular las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales al Gobierno español en abril de 2018 que instan a adoptar las medidas necesarias para que las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud sin discriminación alguna.

Una sanidad que priorice la prevención otorgando cobertura a toda la población, sin exclusiones, es una sanidad más eficiente y menos costosa –pues reduce el número de hospitalizaciones y minimiza los riesgos de salud pública, entre otras– fortaleciendo el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad.

Las organizaciones rompen el muro de la exclusión frente al Ministerio

Fruto del compromiso de estas organizaciones con el acceso universal a la salud, se concentraron esta mañana frente a las puertas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para reclamar un derecho que es de todos y todas.

Han sido las propias personas excluidas quienes hoy han compartido sus testimonios frente a un muro ficticio que se ha construido con mensajes de denuncia y que representa ese muro real que las ahoga día a día.

Al final de la lectura del manifiesto, las organizaciones han tirado de forma simbólica el muro levantado, con la esperanza de que a corto plazo cientos de personas que sufren exclusión puedan derribar el que levanta el Gobierno a diario contra ellas y que la exclusión sanitaria deje de ser un hecho en nuestra sociedad.

«Hemos de resistir y no permitir que se dé ni un paso atrás en el derecho a la salud»

Carmen Esbrí es activista por los Derechos Humanos. Miembro de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid MEDSAP – Marea Blanca y de la Coordinadora Estatal de Mareas Blancas.

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid MEDSAP – Marea Blanca, es una plataforma creada en 2012 cuyo objetivo fundamental es la defensa de la Sanidad Pública y la lucha contra el proceso de privatización que, desde hace años, se viene produciendo en la Comunidad de Madrid. Está integrada por asociaciones de vecinos, colectivos de usuarios, coordinadoras, movimientos sociales, organizaciones sindicales, plataformas, profesionales sanitarios y asambleas populares del 15M.

¿Cómo nació MEDSAP – Marea Blanca?

Nacimos como respuesta al terrible ataque hacia la sanidad pública española, efectuado por la aprobación del “Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. Este decreto proponía dos cambios muy graves:

• Eliminar la universalidad del derecho a la asistencia sanitaria. Como consecuencia se retiraron cerca de 800.000 tarjetas sanitarias a inmigrantes sin regularizar, jóvenes mayores de 26 años sin trabajo y españoles residentes en el extranjero.
• Modificar el modelo de financiación de la sanidad pública, vinculando el derecho a la atención a la cotización a la seguridad social, pese a que la sanidad pública se financia mediante impuestos (en gran medida indirectos que pagan todas las personas, incluidos inmigrantes o jóvenes parados).

En protesta a estas medidas, empezamos a convocar grandes movilizaciones y organizamos la plataforma MEDSAP – Marea Blanca, que lleva trabajando desde hace más de 6 años de manera continuada. Para poder mantener los 6 años de movilizaciones que hemos cumplido, nos hemos centrado en defender la salud, por encima de la sanidad, ya que, si queremos que el sistema sanitario no sea caro, hay que mantener la salud y la atención primaria, además hay que tener vivienda, empleo, educación etc. Así pues, creemos que es mejor hablar de la defensa de la salud y de la vida.

¿Cómo se fraguó la táctica de la Marea Blanca mensual?

Empezamos a denunciar el plan neoliberal que mercantiliza todas las necesidades básicas y también la salud, diseñando una marea (movilización) cada tercer domingo de mes, con el objetivo de evitar que se multiplicasen acciones y se perdiese la fuerza y con el interés de hacer algo todos juntos. No hemos fallado ni un solo mes y estamos a punto de realizar la 69 marea. La estrategia ha sido la de resistir y visibilizar lo que estaba pasando. Nuestro objetivo es buscar el empoderamiento de la ciudadanía con la defensa de un servicio público.

¿Qué otras acciones habéis hecho?

En estos años hemos hecho grandes actos públicos, como la “Maratón Cultural por la sanidad Pública”, el “acto en el Ateneo de Madrid”, el “acto en la Facultad de Matemáticas en la Universidad Complutense”, el “acto en el marco de la exposición un saber realmente útil, del Museo Reina Sofía, la “Mesa-debate: la atención pública a la salud mental en Madrid” y la “Jornada: construyendo la sanidad pública del futuro, deconstruyendo la privatización”.

¿Cómo se formo la Coordinadora estatal de Mareas Blancas?

En el 2016 se planteó promover la Coordinadora estatal contactando con plataformas de todo el ámbito estatal y el pasado 6 de mayo se celebró la séptima asamblea de la Coordinadora en Segovia.

¿Qué logros habéis conseguido hasta el momento?

UGracias al recurso que presentamos, conseguimos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendiese la privatización de la gestión de seis hospitales de Madrid y logramos que presentase la dimisión Fernández-Lasquetty, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

¿Participáis en la “Red Europea contra la Privatización Sanitaria”?

En el 2015 contactamos con la “Red Europea contra la Privatización y la Comercialización de la salud y de la Protección Social”. La Red Europea inició su actividad con una acción el 7 de abril, que declararon como “día contra la privatización sanitaria”, para poner en evidencia el problema que hay en el mundo con la salud debido a la privatización. La fecha coincide con el “día mundial de la salud” que propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este año la OMS propuso como lema para el 7 de abril: “salud para todos” y nosotros decidimos adoptar el lema: “salud es todo” ya que trabajamos por el derecho humano a la salud con vistas a las elecciones europeas de mayo de 2019.

Decidimos hablar con los diferentes partidos políticos que van a presentarse a la las elecciones europeas y desde la coordinadora estatal, presentamos una hoja de ruta para restaurar la sanidad pública. Se trata de una serie de acciones como: modificar y derogar leyes a diferentes niveles, desde europeo, a estatal, de la comunidad de Madrid y del ayuntamiento de Madrid.

¿Cuál crees que es el papel de los medios de comunicación independientes en la transformación social?

Los medios tienen que actuar como una especie de catalizador, de principio activo que permita que la transformación social se pueda producir, no de golpe, ya que estamos en un contexto neoliberal que ha invadido el planeta y tenemos un enemigo muy fuerte frente a nosotros, que además esta apoyado por los grandes medios, que ayudan a ocultar la información. Pero si que se ha de producir esa transformación a futuro.

La función de los medios independientes es la de hacer contrainformación a los grandes medios, la de explicar la realidad sin que haya filtros, ni intereses, ni capitales que dirijan a los informadores. El problema es cómo organizarse para fomentar un caldo de cultivo, que ya se está generando, con todas las acciones de los movimientos.

El objetivo principal de todos los medios debe ser sacar de debajo de las alfombras todo lo que nos están ocultando los grandes poderes, los grandes mercados, que se han hecho con los pueblos y los gobiernos. Creo que los medios deben facilitar esos cambios, ya que los movimientos sociales que trabajamos, intentando romper una enorme tela de araña que han tejido los grandes poderes, necesitamos voceros. Necesitamos amplificadores, que divulguen nuestro relato y nuestras acciones en todos los ámbitos y sean capaces de informar y concienciar a la población sobre las consecuencias de lo que está pasando.

El problema es el número, es decir, cuántos medios pueden trabajar en esta dirección transformadora y que capacidad de trabajo pueden tener. Es decir, que capacidad de difusión y que alcance pueden tener para lograr cambiar el mundo.

Mi preocupación es como se pueden organizar los medios independientes que quieren informar sobre lo que realmente sucede. Es muy importante crear una red entre los medios y los movimientos. Los movimientos necesitan una voz cada vez más extendida. Los medios han de actuar de manera coordinada y han de ser el eco de lo que esta sucediendo, si puede ser en el mismo instante en que sucede. Nosotros como colectivo difundimos, además de a los medios habituales que adulteran y censuran nuestro discurso, por las redes sociales y tenemos mucha actividad en redes y mucho seguimiento.

¿Podrían los medios independientes contribuir a generar el relato de una nueva cultura más humana y menos violenta y romper con la hegemonía cultural de los grandes medios de comunicación?

Si, eso es posible, pero hay que mantener un objetivo claro. En nuestra plataforma el objetivo es que la salud y la vida sean derechos humanos innegables. Hemos de resistir para no permitir que se dé ni un paso atrás en ese derecho.

Quisiera hacer una aclaración en relación a los comentarios de la compañera de Pressenza y la falta de credibilidad hacia los medios independientes. Nosotros enviamos nuestros comunicados a todos los medios: grandes, pequeños, independientes, etc. Los enviados a todos. Ojalá tuviésemos constancia de todos los medios que hay, pero hay muchos medios independientes que ni siquiera sabemos de su existencia. Nosotros tratamos de salir en radios comunitarias, nos gustaría hacer un programa de radio por su facilidad para replicarlo y reproducirlo, así que intentamos explorar en esta dirección.

También me gustaría hacer una réplica al compañero de DIEM25, que prejuzgó que los movimientos sociales no tenemos un plan de acción política. No es así, los movimientos tenemos planes de acción política, en nuestro caso, tenemos un “Pacto por la Sanidad Pública” y se lo hemos propuesto a la Unión Europea y a los partidos políticos españoles, de los cuales algunos han adherido. Creemos que los derechos de la ciudadanía se defienden mejor desde la independencia de un movimiento social que desde los compromisos de un partido político.

Las mareas han nacido para mantener la alerta y tener a los partidos políticos controlados, no tienen que desaparecer. Los movimientos sociales han de ser independientes y han de ejercer el control de los partidos políticos. –Fuente: Pressenza

Centros sanitarios madrileños niegan la atención a embarazadas y menores sin papeles

Desde hace algunos meses el Servicio Madrileño de Salud en sus cursos periódicos de “Derecho y Acceso a la Asistencia Sanitaria” para personal administrativo de Atención Primaria está informando y dando instrucciones en el sentido de impedir que estos menores y mujeres embarazadas puedan ejercer su derecho a la asistencia, poniendo así en riesgo su salud.

El personal administrativo recibe cursos con instrucciones que incumplen toda la legislación de protección de estos colectivos.

En 2012 el gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha la exclusión sanitaria a través de la publicación del Real Decreto Ley 16/2012 (a partir de ahora RDL). Desde entonces vienen siendo excluidos de la atención sanitaria diversos colectivos, como las personas sin permiso de residencia, o los padres y madres de personas que llevan años siendo nuestros vecinos, y que obtuvieron su permiso de residencia con posterioridad al 24 de abril de 2012.

El colectivo Yo SÍ Sanidad Universal ha tenido conocimiento de que en la Comunidad de Madrid se ahonda en esta exclusión. En este caso, afecta a los menores y embarazadas extranjeros, discriminándoles en función del tiempo que lleven residiendo en España o empadronadas en Madrid. Desde hace algunos meses el Servicio Madrileño de Salud en sus cursos periódicos de “Derecho y Acceso a la Asistencia Sanitaria” para personal administrativo de Atención Primaria está informando y dando instrucciones en el sentido de impedir que estos menores y mujeres embarazadas puedan ejercer su derecho a la asistencia, poniendo así en riesgo su salud.

En estos cursos se insta al personal de administración de los centros sanitarios a revisar pasaportes y certificados de empadronamiento y denegar durante meses la inclusión en el sistema sanitario.

La recomendación concreta y tajante es que a embarazadas y menores no se les realice alta en el sistema de asistencia sanitaria hasta que acrediten al menos tres meses de residencia (en el lenguaje administrativo, que “no se les incluya en Cibeles”). De forma arbitraria, mientras en algunos centros se contabilizan los 90 días desde la entrada en territorio español para dar de alta en el sistema y dar asistencia sanitaria, en otros se exige que hayan pasado 90 días desde el registro en el padrón municipal.

Hay que recordar que, obligado por los convenios internacionales, el RDL reconocía la necesidad de salvaguardar el derecho a la atención en situaciones de urgencia y en el caso de colectivos especialmente vulnerables, como son los menores y las embarazadas. El artículo 3 ter del RD 16/2012 dice, textualmente: “Los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:

a) De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.

b) De asistencia al embarazo, parto y posparto.

c) En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles».

Otra gravísima instrucción dada en los mencionados cursos, prohíbe la inclusión en el sistema a las embarazadas que hayan cumplido las 38 semanas de gestación, por considerarlas genéricamente “mujeres que vienen aquí a parir”. Y esto a pesar de que el RDL expresa claramente el derecho a la “asistencia al embarazo, parto y posparto”.

Contrariamente al RDL 16/2012, que no establece condición ni plazo alguno para la salvaguarda del derecho a la atención sanitaria de menores y embarazadas, la Comunidad de Madrid ha decidido considerar “turistas” durante sus primeros 90 días a todas las mujeres y menores que no estén registradas ni autorizadas a residir en España. Y eso es así con independencia de que dichas personas figuren o no como empadronadas en el municipio.

Además, en el caso de los menores, y con mayor énfasis, el RDL dice: “En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”. No hay otra interpretación posible que considerar que los menores por su especial necesidad de protección, siempre y sin excepciones deben tener garantizada su atención.

La Comunidad de Madrid considera que la atención está garantizada al poder acceder a los servicios de urgencia, pero lo cierto es que poner trabas a la atención puede poner en riesgo su salud, y que la falta de registro en el sistema sanitario impide la correcta atención de menores y embarazadas. Los menores no son asignados a una pediatra, no pueden acudir a consultas de revisión y no pueden beneficiarse de medidas preventivas como la vacunación, poniendo en riesgo su salud y las estrategias de Salud Pública. En el caso de las embarazadas, no pueden ser asignadas a un médico de familia, ni ser derivada a ginecología o a la matrona para seguimiento del embarazo. Además en los casos en los que precisen una atención de urgencia, al no estar de alta en el sistema (y por lo tanto no tener reconocido su derecho a la asistencia), pueden recibir una factura por parte del centro sanitario.

La práctica de facturar los servicios de urgencia se sigue produciendo en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, a pesar de que sus responsables lo nieguen, y a pesar de que la asistencia sanitaria en las situaciones de urgencia quede también garantizada en el RDL en el caso de los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes.

Algunas Comunidades Autónomas (Euskadi, Cataluña, Comunitat Valenciana, Extremadura…) han emitido en estos años diferentes normativas con el fin de garantizar la atención de personas excluidas por el RDL, normativas a las que se ha venido oponiendo el Gobierno Central, interponiendo sistemáticamente recursos ante el Tribunal Constitucional.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad emitió en 2015 una instrucción interna que permitía a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes ser atendidos en el Servicio Madrileño de Salud, pero nunca ha llegado a desarrollar una normativa específica. Este hecho ha generado multitud de situaciones de exclusión marcadas por la arbitrariedad, que Yo Sí ha venido denunciando en los últimos años. Este caso resulta muy grave, no solo por la vulnerabilidad de los colectivos afectados, sino por tratarse de una de las pocas excepciones que quedan protegidas en el RDL 16/2012.

Hay que recordar que la Comunidad de Madrid ha publicado a bombo y platillo su “Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria”, en el que declara lo siguiente: “la humanización de la asistencia sanitaria es especialmente vital cuando las personas se encuentran en situaciones de fragilidad y vulnerabilidad, debido a los procesos de enfermedad (….) Todos somos corresponsables en las tareas de paliar el sufrimiento humano y de construir un mundo que fomente actitudes y conductas responsables y humanizantes. Desentenderse, no hacerse cargo del límite ajeno, no actuar como responsable de la vida frágil ajena es fuente de deshumanización”.

No se nos ocurre una estrategia más deshumanizadora e irresponsable que excluir de la asistencia sanitaria a personas que por su momento y situación vital, requieren especialmente de un seguimiento más cercano por parte de sus profesionales sanitarias. Por otro lado, conviene recordar que ese seguimiento es la forma más efectiva y eficiente de proteger la salud de la población en su conjunto; restringir o impedir el acceso de personas a esa atención es actuar en base a prejuicios e ideología, y olvidar el sentido común.

Además, estas prácticas de exclusión de la Comunidad de Madrid incumplen gravemente, entre otros, el art. 39.4 de la Constitución Española, el art. 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea, y el art. 24 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, que en su punto 1 proclama:

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.

Por todo ello, Yo Sí Sanidad Universal exige tres actuaciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes Cuencas, y al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero:

Cesar en su práctica de vulneración de los derechos de los menores y las mujeres embarazadas, facilitando su inclusión inmediata en el sistema sanitario.

Cumplir la ley y los convenios internacionales, y garantizar a TODOS los menores y las mujeres embarazadas la atención sanitaria, independientemente de su situación administrativa y, en el caso de las mujeres embarazadas, de las semanas de gestación.

Emitir instrucciones escritas, claras y públicas a todos los centros sanitarios, y en especial a los profesionales de los servicios de admisión, revirtiendo las instrucciones impartidas en los cursos de formación.

Y en el caso que la Comunidad de Madrid mantenga sus prácticas de exclusión se pide al presidente del Gobierno, Mariano Rajo, y a la ministra de Sanidad, Dolors Monteserrat, a que actúen para garantizar los derechos de los menores y las embarazadas.

Fuente: Yo Sí Sanidad Universal

Las enfermeras se buscan la vida fuera… y la atención sanitaria sufre en España

CAS Madrid | La demografía y el aumento de las enfermedades crónicas indica que en España tendremos que cambiar el concepto: cuidar será tan importante como curar.

Cada enfermera que sale fuera de España cuesta al Estado algo más de 80.000 euros, el coste público de una carrera universitaria especializada. Pero después no es sencillo lograr una colocación en nuestro país, no porque no hagan falta, sino porque no se han habilitado aún los puestos de trabajo necesarios para que su nivel de empleo y actividad (medido en número de pacientes por cada enfermera) esté acorde con el de los países más desarrollados. En España hay una media de 12,3 pacientes por cada enfermera, mientras la UE recomienda que no atiendan a más de 8 cada una, según los últimos datos de la OCDE.

Esa falta de opciones hace que muchas de las enfermeras que terminan sus estudios en España salgan a buscar su futuro en otros países. Solo en Gran Bretaña hay 7.609 enfermeras españolas trabajando, según el registro del Nursing and Midwifery Council (NMC). Francia e Italia siguen al país británico como destinos preferentes, aunque Alemania ahora es el que más las reclama.

Pero el problema no esta solo el dinero que cuesta la formación dada desde la universidad pública, que siempre es algo positivo a pesar de todo. Lo que ocurre es que, además, la escasez de enfermeras repercute en el índice de mortalidad de un país. Linda H. Aiken, experta en la materia, ha calculado las estadísticas y marca una conclusión que asombra: si el porcentaje del ratio de pacientes por enfermera pasara de los ocho recomendados por la OCDE, a cuatro (la mitad), en las operaciones de cirugía se salvarían cinco vidas por cada mil habitantes. En un reciente Congreso celebrado en Barcelona al respecto, Aiken desveló que por cada paciente que se añade a una enfermera se incrementa la mortalidad un 7%. Y que por cada 10% de reducción en la dotación de enfermería se incrementa la mortalidad un 12%”.

Según un informe de la Comisión Conjunta para la Acreditación de Organizaciones Sanitarias, la inadecuada dotación de enfermeras en Estados Unidos ha representado un factor decisivo en el 24% de los casos en los que algún paciente ha fallecido, ha sufrido una lesión o ha perdido permanentemente una función.

Una realidad incómoda

Borja terminó la carrera en 2010 y sabe lo que es tener contratos de un día en atención primaria. «Me fui a Inglaterra en busca de estabilidad. No todo allí es bueno, pero al menos tienes un contrato de 1.800 euros netos nada más empezar (en España ahí está la media sin antigüedad), eso sí, al principio eres un mero auxiliar de enfermería hasta que te sacas unos cursos de seis meses para poder incluso sacar sangre y hacer la labor real. Mientras, solo impartes medicación oral y es frustrante. Allí llevas a seis pacientes como mucho y creen en una labor social, se preocupan del enfermo durante la estancia y después. En España no te da la vida, yo ahora llevo a 13 pacientes, pero en ocasiones tienes que atender hasta a 20 personas, cuando no más». Borja no ve una solución a corto plazo. «Al final necesitas experiencia y puntuación para trabajar en España y ante la falta de oportunidades aquí, la única salida es el éxodo fuera», relata.

Es lo que José Luis Cobos, director del Instituto Español de Investigación Enfermera, califica como el gran reto de la sanidad española. «La atención sanitaria en España está pensada para la atención de enfermos agudos, a un nivel patológico. Pero la nueva situación poblacional, la demografía y el aumento de las enfermedades crónicas indica que en España tendremos que cambiar el concepto: vamos a pasar a cuidar más que a curar. Cada vez tenemos más enfermos crónicos y no hablamos solo de mayores sino de diabéticos, asmáticos… En España los servicios de rehabilitación son defectuosos y lo vamos a pagar, y un dato lo demuestra: se han hecho 3,4 millones de consultas a domicilio en 2017 en el rango de médicos de familia, «de ellos, un 87% eran mayores de 65 años».

Borja está de acuerdo con esa versión: «Aquí no llegas y acabas tratando a la gente como un número, y hemos estudiado para algo más, para cuidar, para ser humanos. Nada lo justifica, pero de ahí vienen muchos ataques a profesionales, de la ansiedad de ver que a un familiar o a uno mismo no le prestas atención. Y esa capacidad de hacerlo es lo que valoran de nosotros fuera. Al final, el centro de la sanidad debe ser el paciente al que hay que dedicarle tiempo, hablar con él. Al final yo estudié para cuidar a la gente a pie de cama».

En el mundo industrializado, el 25% de las personas entre 65 y 69 años y el 50% de aquellas entre 80 y 84 años conviven con dos o más problemas crónicos de salud, según la Organización Mundial de la Salud, lo cual requiere más servicios comunitarios y especializados así como más cuidados de larga duración para los pacientes. El gasto anual mundial en salud es de aproximadamente 5,3 billones de dólares, según los últimos datos de la OMS.

La UE nos lee la cartilla por la falta de enfermeras

La falta de personal en enfermería ha provocado que la UE nos saque los colores. Es el punto más débil de nuestro sistema sanitario, según un último informe sobre la OCDE que, por lo general, califica de sobresaliente nuestro sistema. Las ofertas de empleo aumentarán en 2019 bajo amenaza de multa. No hay casi paro entre médicos y enfermeras, pero en este último caso la crisis ha hecho que más de 20.000 plazas no se cubran.

No es el único problema al que se enfrenta la sanidad, «tenemos 17 sistemas de salud diferentes y los políticos no ven más allá de las listas de espera y la tecnología, que es lo que da votos», señala Cobos. En lo que somos un ejemplo es en el sistema de residencia, que Obama quiso copiar y en la formación que reciben las enfermeras. No es poco. Un aumento del 10% en proporción de enfermeras con título de licenciatura se asocia, según los últimos estudios de los expertos con una disminución del 5% de la probabilidad de que los pacientes mueran dentro de los 30 días de la admisión.

La valoración de los ciudadanos también es alta, ronda el ocho. Y eso pese a que la falta de personal convierte a muchos familiares en enfermeros. Es un error. «Hay pacientes que se rompen la cadera o tienen un ictus y no se hace seguimiento de cómo será en su casa, si están preparados para una nueva vida, y claro, muchos recaen. Al final, cuidar también es ahorrar. Nunca debemos olvidar que trabajamos con personas”. Lo ha vivido Borja en carne propia. Palabra de enfermero.

Nace la ‘Plataforma Área 4, salvemos el Ramón y Cajal’

La Plataforma Área 4 Salvemos el Ramón y Cajal, en defensa de la Sanidad Pública está formada por diversos colectivos de los distritos de Hortaleza, Ciudad Lineal, Barajas y San Blas-Canillejas, así como por profesionales del propio Hospital Ramón y Cajal.

La Plataforma tiene tres objetivos principales:

-Frenar la progresiva destrucción de la Sanidad Pública en nuestro hospital de referencia, el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

-Trabajar para crear las condiciones que permitan dar la mejor asistencia desde este Hospital, los Centros de Especialidades de San Blas y Emigrantes, los centros de Salud y los Centros de Salud Mental.

-Luchar por conseguir las reivindicaciones vecinales en materia de sanidad como la reapertura total de las Urgencias de Barajas, la creación de una línea de autobús desde los distritos de San Blas-Canillejas y Barajas hasta el Hospital Ramón y Cajal, la ampliación de la línea 70 de EMT hasta el propio hospital o la creación de nuevas dotaciones tales como nuevos Centros de Especialidades y de Salud Mental.

Pese a que la población asignada al Hospital Ramón y Cajal ha aumentado en los últimos años los recursos no han dejado de disminuir; ha bajado la financiación por habitante, se ha reducido el número de camas y mermado considerablemente la plantilla, además de un aumento considerable de la lista de espera quirúrgica.

Tal deterioro no es fruto de una mala coyuntura, sino de una política permanente que consiste en derivar todo el dinero posible a manos privadas.

Nuestro hospital y nuestra sanidad deben cubrir dignamente las necesidades de los vecinos y vecinas de los cuatro distritos y por ello exigiremos las medidas necesarias para conseguir este objetivo.

La mejora de la Sanidad Pública sólo se conseguirá con la participación e implicación de la ciudadanía.

¡La #SanidadPública no se vende, se defiende! #SalvemosRyC

«El factor excluyente y discriminador del nuevo modelo sanitario pone riesgo de muerte a la población»

Recorte de la noticia aparecida en prensa

Comunicado de Yo Sí Sanidad Universal ante las respuestas de las autoridades sanitarias en el caso del fallecimiento de Alpha Pam.

Ante el caso del fallecimiento por tuberculosis del ciudadano senegalés Alpha Pam en Mallorca, y la respuesta de las autoridades sanitarias consistente en la destitución del gerente del Hospital Comarcal de Inca, Fernando Navarro, y la apertura de expedientes disciplinarios a las personas que trataron con el paciente, Yo Sí Sanidad Universal quiere manifestar lo siguiente:

Mentiras a desmontar: falsos argumentos sobre la necesidad de privatizar el sistema público de salud

Dr. Juan Luis Ruiz-Giménez . Foto: Álvaro Orus Andreu

Gabriela Amaya / Pressenza / En la entrevista realizada al Dr. Juan Luis Ruiz-Giménez por esta misma Agencia (puede verse completa en: http://www.pressenza.com/es/2012/12/todos-por-la-sanidad-publica/), el mismo llamaba la atención sobre la necesidad de “desmontar mentiras” que se cuentan y potencian y que están en la justificación de la necesidad de privatizar el sistema público de salud.

Estas mentiras básicamente son que el sistema sanitario público es insostenible; que la gestión privada es mejor y la última se refiere a cómo y quién financia la sanidad pública. Rescatamos esta parte de la entrevista, de la cual tomamos las ideas fundamentales, aunque no está transcrita literalmente.

“Los Centros de Salud no se venden: se defienden”

Centro de Salud del Barrio del Pilar (Madrid) en huelga

Los equipos directivos y los profesionales de Atención Primaria rechazan la privatización de la gestión de 27 Centros de Salud. Animan a profesionales y ciudadanos a defender un modelo asistencial que cuenta con una elevadísima satisfacción de los ciudadanos, unos costes muy reducidos y el reconocimiento internacional. No existen motivos económicos ni organizativos que justifiquen quitar al 10% de los madrileños su médico de familia, su pediatra o su enfermera y disolver un equipo sanitario que ha demostrado su valía con su trabajo diario.

Piden a los parlamentarios que voten en contra de la reforma sanitaria

Quince organizaciones sociales (*) se han unido para lanzar una campaña en la que piden a los parlamentarios españoles que voten en contra de la ratificación del Real Decreto Ley 16/2012, “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” prevista para el próximo jueves 17 de mayo, porque su aprobación supondrá cambios fundamentales en el sistema sanitario público, especialmente para la población inmigrante. Dicha campaña está promovida a través de la web http://www.sanidadparatodos.org donde encontrarán un texto explicativo y una propuesta de ciberacción para enviar un correo electrónico a los diputados solicitando que se tengan en cuenta las reivindicaciones antes de decidir su voto.

Trabajadores griegos ocupan un hospital y lo declaran bajo control obrero

Los trabajadores del hospital de Kilkis, en Grecia, lo han ocupado y han publicado una declaración en la que manifiestan que está bajo control obrero. Los trabajadores han declarado que los problemas que sufre desde hace tiempo el Sistema de Sanidad Nacional (ESY) no se pueden resolver.