España: graves ausencias y retrocesos en la protección a las víctimas de violencia de género

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Amnistía Internacional 12 años desde la Ley Integral, víctimas de violencia de género siguen enfrentándose a la falta de garantías judiciales. Las víctimas de violencia sexual fuera de la pareja o ex pareja, excluidas de la posible protección de la Ley Integral. Las madres de los hijos e hijas asesinados por sus padres no son reconocidas como víctimas de violencia de género. Disminuyen las ayudas a las víctimas de violencia de género y no se garantiza su reparación.

2015 vuelve a cerrarse con cifras trágicas de violencia de género. Hasta el 16 de noviembre, 48 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas y ex parejas. De ellas, había denuncia en 9 casos. Desde el 1 de enero de 2003, hasta la fecha, según los datos oficiales, 814 mujeres han sido asesinadas. A esto hay que añadir el número de menores asesinados por sus padres en el ejercicio de su derecho a visitas, un total de 20 entre 2008 y 2014, según los datos que recoge el Comité de la CEDAW (siglas en inglés del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres).

Los datos conocidos arrojan una realidad preocupante. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial indica que en los 6 primeros meses de 2015 se han presentado más de 62.300 denuncias en los juzgados de violencia contra la mujer, de las que el 39,8% se han archivado sin llegar a juicio. Sólo en un 11’7% de los casos ha habido una sentencia condenatoria contra el agresor.

Pero la violencia de género está cargada de cifras ocultas. Según la Macro encuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años que viven en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y el 13% de las mujeres han tenido miedo de su pareja en algún momento. Si se extrapola el porcentaje a la población femenina de esa edad estaríamos hablando de más de 2,5 millones de mujeres. Sólo en 2015, el 2,7% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual y 9,2% ha padecido violencia psicológica, control, humillaciones, acoso, amenazas.

“El 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de cualquier forma de la Violencia contra las Mujeres, debería ser un momento para que las instituciones del Estado reflexionen sobre si realmente hay un compromiso firme y decidido para erradicar la violencia contra las mujeres; y si hay una voluntad clara para reconocer y proteger a las víctimas. Lamentablemente desde Amnistía Internacional seguimos pensamos que la violencia de género ha dejado de ser una prioridad”, manifestó Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional España.

Obstáculos para la protección de las mujeres víctimas de violencia

Doce años después de la entrada en vigor de la Ley Integral, Amnistía Internacional sigue identificando graves obstáculos para la protección e identificación de las mujeres y víctimas de violencia de género.

Trabas en el sistema judicial. El miedo al proceso judicial, a no ser creídas, a las represalias, a perder a sus hijos e hijas, a la vergüenza, a no darle importancia al maltrato recibido, o el desconocimiento del proceso judicial lleva a que el 67’8% de las mujeres que reconocen en la Macro encuesta de 2015 haber sufrido violencia no vayan a los juzgados.

Hace tres años Amnistía Internacional denunciaba los obstáculos que las mujeres víctimas de violencia de género se encontraban en los juzgados, como son: la falta de información sobre sus derechos, la falta de diligencia en la investigación judicial, la dificultad para demostrar la violencia psicológica, o los prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas. A día de hoy sigue sin haber avances concretos para acabar con estos obstáculos.

El pasado 22 de octubre, Iris era asesinada en Tenerife. Se separó de su pareja en 2012 tras 11 años de relación y 3 hijos menores de edad. Interpuso varias denuncias contra su ex pareja. Dos de las denuncias se archivaron por “falta de indicios probatorios”. Se rechazó la orden de protección a la víctima para no poner en riesgo el trabajo de su agresor que trabajaba en una gasolinera cercana a la casa. Nos preocupa que detrás de todo esto nos encontramos ante un caso más en el que la víctima no es creída y no se toman medidas para protegerla”, relató Virginia Álvarez.

Desprotección para las víctimas de violencia sexual. Amnistía Internacional valoró positivamente algunas medidas que han aumentado la protección a las víctimas de violencia contra las mujeres como fue la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, así como las reformas legislativas tendentes a mejorar la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, o a las mujeres migrantes en situación irregular víctimas de violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, la Ley Integral aborda únicamente la violencia cometida por pareja o ex-pareja y deja en una situación de especial vulnerabilidad a las mujeres víctimas de violencia sexual llevada a cabo por terceros. Según datos de la Macroencuesta de 2015, el 7’2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres.

A Olga de nacionalidad rusa no la violó su pareja, sino que sufrió abusos sexuales por dos desconocidos en marzo de 2013. Aunque le produjeron diversos desgarros vaginales que fueron atendidos en urgencias hospitalarias, la policía que estuvo presente en toda la exploración médica, no la creyó. La misma noche de la agresión, sin darle tiempo para ducharse o descansar le tomaron declaración. Las tres atenciones médicas realizadas por el Servicio de Urgencias al que acudió fueron facturadas, y el 4 de abril de 2013 Olga recibió una carta del Hospital cifrando el gasto en 893,83 euros. Tras la agresión sexual, Olga no fue citada para comparecer como víctima, y el procedimiento abierto desde el hospital por la agresión sexual se archivó sin haberse investigado. Dos semanas después de la agresión, la detuvieron por “simular” la agresión sexual para conseguir la regularización. En todo este proceso no contó con intérprete que le explicara qué estaba pasando. Fue ingresada en un Centro de Internamiento para Extranjeros para iniciar el proceso de expulsión a su país. La orden de expulsión estuvo vigente hasta mayo de 2015, no fue devuelta a su país por tener caducado el pasaporte. Finalmente los cargos contra ella fueron archivados. Tras su salida del CIE, gracias al apoyo de varias ONG, comenzó un proceso de recuperación del trauma vivido, pero no tuvo ningún apoyo por parte de la administración. Si la agresión la hubiera cometido su pareja este procedimiento de expulsión no se habría puesto en marcha.

Víctimas no reconocidas como víctimas. Amnistía Internacional valora positivamente que se haya modificado la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y se reconozca a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género también como víctimas. Según los datos de la Macroencuesta de 2015, más del 70% de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género tienen hijos e hijas menores que viven expuestos a esta situación y que por tanto son víctimas de la misma. El 61’7% de las mujeres que alegan haber sufrido maltrato en el último año, aseguran que los menores también han sido víctimas de maltrato en algún momento. Sin embargo, las madres que pierden a sus hijos e hijas asesinados por sus parejas o ex parejas no son consideradas víctimas de violencia de género por este hecho.

“El miedo a que los niños y niñas sean asesinados es una realidad, hay cifras que lo demuestran. Pero cuando esto ocurre, sus madres no son consideradas víctimas de la violencia de género, no tienen ningún tipo de apoyo jurídico, psicológico, ni derecho a reparación”, manifestó Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional España.

Recortes en la protección a las mujeres víctimas. Existen datos preocupantes que confirman que las políticas de austeridad han afectado a la implementación de la Ley Integral por parte de la administración central, las administraciones autonómicas y locales. Desde 2011 a 2015, se ha producido un descenso del 21% de las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado. Mientras que la partida específica destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las Comunidades Autónomas se ha reducido un 50%.

“Frecuentemente se hace recaer la responsabilidad de la salida de la violencia a la que están sometidas sobre las propias víctimas, las indemnizaciones sólo pueden ser dictaminadas en un proceso judicial y estás son incompatibles con cualquier otro tipo de ayuda económica que la víctima hubiese podido percibir. Las ayudas dadas hasta el momento son mínimas, incluso para la atención psicológica a las que deberían acceder todas las víctimas de violencia”, destacó Verónica Barroso.

Entre 2008 y 2015, según fuentes del Ministerio de Sanidad, y en aplicación de la Ley de Ayudas a Víctimas de Delitos Violentos, 66 mujeres víctimas de violencia de género pidieron ayuda para gastos terapéuticos, sólo se concedieron 2 en 2011.

Sin derecho a la reparación. La Ley Integral no aborda el derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género que debería incluir entre otras cuestiones, una indemnización adecuada y garantías de no repetición. 12 años después la falta de compromiso con las víctimas supervivientes es una asignatura pendiente y no abordada. La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, ha sido una oportunidad perdida para alinear el derecho español a los estándares internacionales de derechos humanos.

Organismos internacionales como el Comité de la CEDAW han reiterado a España su obligación de velar porque las mujeres y las niñas tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección. El Estado español ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones en el caso de Ángela González. El Comité condenó a España el 4 de agosto de 2014 por no haber actuado diligentemente para proteger a Angela y a su hija. Pese a haber más de 30 denuncias por maltrato contra ella y contra su hija Andrea, los jueces las desoyeron y obligaron a la menor a cumplir el régimen de visitas. Durante una de esas visitas, la menor de siete años fue asesinada. Angela ni siquiera ha obtenido una verdadera disculpa por parte de la autoridades, al contrario, la respuesta del Estado en este caso ha sido insistir en que las recomendación de los organismos internacionales no son de obligado cumplimiento.

Amnistía Internacional pide al Estado que adopte las medidas legislativas necesarias para asegurar que la agresión no volverá a repetirse, y que las mujeres víctimas de violencia de género tendrán garantías de no repetición.

Tras varios años de celos, control y malos tratos, el 19 de septiembre de 2013 Sara Calleja dejó a su pareja. Ahí empezó su calvario.19 denuncias, tres juicios, nueve meses de cárcel para él, dos órdenes de alejamiento y la prohibición de entrar en España, ya que es de origen belga. Nada bastó. El día de su separación empezaron los mensajes, las amenazas veladas, a través de las redes sociales, la persecución. Su última denuncia fue 3 semanas antes de suicidarse. La respuesta judicial fue que no mirara las redes sociales. Sara no pudo más.

Amnistía Internacional se dirigirá al nuevo Gobierno para recordarle que legislar por sí sólo no basta. Ninguna ley o normativa será suficiente si no va acompañada de un verdadero compromiso de las autoridades para ponerla en práctica. Por lo tanto Amnistía Internacional pide a todos los grupos políticos que de cara a esta nueva legislatura se comprometan a:

  • Hacer una evaluación de todas las medidas establecidas en la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, especialmente en relación al funcionamiento de los juzgados especializados de violencia de género.
  • Asegurar que en dicha evaluación hay una participación activa de las víctimas supervivientes y sus familiares para conocer los obstáculos a los que se enfrentan y adoptar medidas adecuadas para atender sus necesidades.
  • Garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual, ya sea cometida por pareja o expareja o por terceros, tienen todos sus derechos garantizados y recursos disponibles para su protección.
  • Garantizar el derecho a una verdadera reparación de las víctimas, que incluya la no repetición de los abusos.
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