Entrevista a Jordi Álvarez Candidato al Congreso por Cantabria del Partido Humanista

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El candidato humanista habla de No-Violencia, Desarme Nuclear, Banca Pública, Derechos de los Inmigrantes, etc. en una entrevista para Onda Cantabria.

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Asamblea Nacional de Ecuador aprueba resolución por la prohibición de armas nucleares

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(Imagen @Walker Vizcarra)

 

Nelsy Lizarazo • El día de hoy, martes 15 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de la República de Ecuador aprobó, con 82 votos a favor, 1 en contra y 23 abstenciones, una resolución en la que se posiciona claramente por la urgencia de impulsar un tratado internacional de prohibición de las armas nucleares.

La resolución, presentada por la asambleísta María Augusta Calle, fue preparada en colaboración con, la campaña internacional para abolir las armas nucleares, Mundo Sin Guerras y sin Violencia y Pressenza, Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia.

Previa la votación, la asambleísta Calle pidió a la Asamblea recibir a Tony Robinson, co-director de Pressenza, quien expuso las razones por las cuales es urgente y necesario avanzar en la dirección de este tratado de prohibición. Posteriormente, tras la intervención de la asambleísta ponente, se dieron seis intervenciones más, sugiriendo modificaciones al texto. Dichas modificaciones, a excepción de una de ellas, fueron asumidas e incorporadas al texto final, que publicamos a continuación:

EL PLENO CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República establece en su art. 5 que: “El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Que, la Constitución de la República establece en su art. 416 que: “Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: (..) 4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros”.

Que, este año se conmemoró el septuagésimo aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki que dejaron cientos de miles de muertos y condenaron a muchos más a una vida de sufrimiento y estigma social, dado que los efectos de una bomba atómica no se limitan ni al espacio, ni al tiempo y muchas de sus repercusiones continúan en los daños genéticos producidos a las futuras generaciones:

Que, los sobrevivientes, llamados «hibakusha», muchos de los cuales han dedicado sus vidas a informarle al mundo de sus experiencias con el fin de garantizar que las futuras generaciones no tengan que enfrentar los mismos horrores, son cada vez menos en número, y llevan con ellos las memorias de primera mano;

Que, tres conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, organizadas por Noruega, México y Austria en los años 2013 y 2014, han contribuido sustancialmente a nuestro entendimiento colectivo acerca del alcance de la destrucción de las detonaciones de armas nucleares, y han demostrado que los riesgos inherentes a la existencia misma de las armas nucleares son significativamente mayores de lo que se suponía anteriormente, y que aumentan cada vez más con la implementación continua de programas de modernización, nuevos riesgos de proliferación y nuevas vulnerabilidades tecnológicas, tales como las planteadas por ataques cibernéticos;

Que, se ha comprobado -sin lugar a dudas- que, en respuesta a una detonación de armas nucleares, ningún Estado, grupo de Estados u organización internacional tiene la capacidad de atención adecuada ni puede proporcionar ayuda humanitaria de forma significativa frente a las catastróficas consecuencias e impactos a futuro que ello generaría;

Que, se ha establecido en las conferencias anteriormente citadas que, en los últimos modelos científicos que pretenden predecir cuáles serían los efectos de las armas nucleares en la atmosfera, la detonación de 100 ojivas nucleares sobre ciudades crearán la condiciones para un inverno nuclear que acabará con las vidas de hasta dos mil millones de seres humanos, y que los más afectados serán los que ya viven en situaciones precarias de nutrición y de salud, es decir, que a pesar de que un guerra nuclear tuviera lugar en el hemisferio norte, sería el hemisferio sur el más afectado.

Que, el Tratado sobre la no proliferación nuclear (TNP) en su artículo VI establece que todos los partes se “compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional”;

Que, dada la importancia de la plena aplicación de los tres pilares del Tratado sobre la no proliferación nuclear (TNP), que son el desarme nuclear, la no proliferación y el uso de tecnología nuclear con fines pacíficos, fue lamentable la incapacidad de la Conferencia de Examen de 2015 para adoptar un documento final, y que el fracaso de esta Conferencia debe servir como un nuevo impulso a los esfuerzos para iniciar negociaciones multilaterales sobre la prohibición y eliminación de las armas nucleares, según lo establecido por el Artículo VI del mismo tratado;

Que, no importa su estatus de poseedor o no de armas nucleares, todos los Estados tienen el derecho de participar en esfuerzos que estigmaticen, prohíban y conduzcan a la eliminación de las armas nucleares, y por lo tanto son válidos y útiles los esfuerzos liderados por los Estados no poseedores de armas nucleares en llevar adelante el desarme nuclear, en consecuencia de los impactos humanitarios, y que esos esfuerzos no deben ser bloqueados por ningún Estado, ni deben estar condicionados a la aprobación de ningún Estado, incluidos los Estados poseedores de armas nucleares;

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales

Resuelve:

Art. 1.– Condenar el hecho de que los Estados poseedores de armas nucleares como Rusia, Estados Unidos, China, Gran Bretaña, Francia, y otros que se encuentran en proceso de poseerlas, y que se han embarcado en costosos programas de modernización de sus arsenales nucleares, en contra al espíritu del Tratado sobre la no proliferación nuclear (TNP), y que esto erosiona gravemente la confianza en sus declaraciones públicas y amenaza con polarizar aún más a los Estados poseedores y a los no poseedores de armas nucleares, creando un sistema internacional de apartheid nuclear.

Art. 2.– Recordar que, todas las partes del Tratado sobre la no proliferación nuclear (TNP) tienen la responsabilidad moral y legal de seguir líneas de acción que protejan a sus pueblos de los peligros de las armas nucleares a través de su prohibición y eliminación.

Art. 3.– Acoger con beneplácito tanto la aprobación, en la Primera Comisión de la Asamblea General de la Naciones Unidas, en su septuagésimo período de sesiones de este año, de la resolución que “exhorta a todos los Estados a que identifiquen y apliquen medidas efectivas para colmar el vacío jurídico respecto de la prohibición y la eliminación de las armas nucleares y cooperen con todas las partes interesadas para lograr este objetivo”, así como la resolución que estableció un “grupo de trabajo de composición abierta que se encargue de abordar de manera sustantiva la cuestión de las medidas, disposiciones y normas jurídicas eficaces y concretas que será necesario adoptar para establecer y mantener un mundo sin armas nucleares”.

Art. 4.– Apelamos a la disuasión para que quienes estén autorizados a mantener armas nucleares ni incrementen su potencial ni las usen. De igual manera que los países que conforman parte del Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares no las usen y que quienes no están formando parte de este tratado se incorporen y se sujeten al mismo.

Art. 5.– Hacer un llamado al gobierno ecuatoriano para tomar todas las medidas posibles para que el grupo de trabajo de composición abierta logre conclusiones que lleven al comienzo de negociaciones sobre un tratado sobre la prohibición y la eliminación de las armas nucleares.

Art. 6.– Felicitar a los gobiernos de la región CELAC por su fuerte compromiso con el desarme nuclear, sobre todo en su última declaración de este año en la ciudad de Belén, Costa Rica, que ubicó a la región en la vanguardia de esfuerzos mundiales para lograr un tratado que prohíba a las armas nucleares.

Art. 7.– Hacer un llamado a la región CELAC, para que en su próxima cumbre en el Ecuador al finales de enero, avance para crear un tratado sobre la prohibición y la eliminación de las armas nucleares, y ofrecer un lugar conveniente de la región para hospedar las futuras negociaciones de tal tratado.

Art. 8.– Denunciar el hecho de que a pesar de que el tratado sobre la no proliferación nuclear entró en vigencia en el año 1970 el mundo no está más cerca al objetivo del desarme nuclear.

Art. 9.– Difundir esta Resolución a través de los medios de comunicación y al pueblo ecuatoriano para el conocimiento del peligro que enfrenta al país y al mundo en el caso de una guerra nuclear en cualquier punto de la planeta.

Art. 10.– Transmitir esta Resolución al Ministro de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.

Dado y suscrito en la sede en la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los diecisiete días de diciembre del año dos mil quince.

El Partido Humanista comienza la campaña electoral

ph españaCon el eslogan “No violencia, la fuerza que transformará el mundo”, el Partido Humanista sintetiza el mensaje que defenderá en la campaña electoral de cara a las elecciones nacionales del 20 de diciembre.

Al hablar de violencia, los humanistas no se refieren únicamente a la guerra ni a la violencia física, sino a todo tipo de violencia: económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral. Además, sostienen, “no hay falsas salidas para acabar con la violencia”.

La política debe abandonar el discurso de “lo que se puede hacer” y conectar con las mejores aspiraciones que han guiado a los pueblos a lo largo de su historia para superar el dolor y el sufrimiento. Lo contrario, el discurso del pragmatismo que utilizan los profesionales de la política, sólo busca mantener las cosas como están, dejando aparcadas las necesidades de la gente con vagas promesas de mejoras que nunca llegarán.

Las mujeres y hombres que formamos el Partido Humanista reivindicamos la resistencia justa contra toda forma de violencia: física, económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral.

No hay falsas salidas para acabar con la violencia. Hablamos de una revolución. Si vivimos en un sistema cuya metodología es la violencia y el valor central la acumulación de poder y dinero, la propuesta humanista apunta a construir otro modelo social, basado en el respeto de la libertad humana y que tome al ser humano como valor central.

Propuestas

La no violencia es el reparto de la riqueza

Una banca pública sin interés para acabar con la usura de la banca privada.

Una renta básica universal.

Empresas de propiedad participada de los trabajadores, en las que capital y trabajo compartan la gestión y el beneficio de las empresas.

La no violencia es el rechazo a la guerra

Desmantelar los arsenales nucleares.

Salida de la OTAN.

La no violencia son iguales derechos e iguales oportunidades para todos

Regularización de todos los inmigrantes que están en nuestro país.

La no violencia son una salud y una educación públicas

Universales, gratuitas y de calidad para todos los habitantes, sin distinción de nacionalidades.

La no violencia es cuidar el medio ambiente

Programa de energías limpias.

Penalizar el delito ecológico

La no violencia es el respeto a la diversidad

Libertad de ideas y creencias.

España: graves ausencias y retrocesos en la protección a las víctimas de violencia de género

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Amnistía Internacional 12 años desde la Ley Integral, víctimas de violencia de género siguen enfrentándose a la falta de garantías judiciales. Las víctimas de violencia sexual fuera de la pareja o ex pareja, excluidas de la posible protección de la Ley Integral. Las madres de los hijos e hijas asesinados por sus padres no son reconocidas como víctimas de violencia de género. Disminuyen las ayudas a las víctimas de violencia de género y no se garantiza su reparación.

2015 vuelve a cerrarse con cifras trágicas de violencia de género. Hasta el 16 de noviembre, 48 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas y ex parejas. De ellas, había denuncia en 9 casos. Desde el 1 de enero de 2003, hasta la fecha, según los datos oficiales, 814 mujeres han sido asesinadas. A esto hay que añadir el número de menores asesinados por sus padres en el ejercicio de su derecho a visitas, un total de 20 entre 2008 y 2014, según los datos que recoge el Comité de la CEDAW (siglas en inglés del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres).

Los datos conocidos arrojan una realidad preocupante. El Observatorio del Consejo General del Poder Judicial indica que en los 6 primeros meses de 2015 se han presentado más de 62.300 denuncias en los juzgados de violencia contra la mujer, de las que el 39,8% se han archivado sin llegar a juicio. Sólo en un 11’7% de los casos ha habido una sentencia condenatoria contra el agresor.

Pero la violencia de género está cargada de cifras ocultas. Según la Macro encuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 12,5% de las mujeres de 16 y más años que viven en España han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Y el 13% de las mujeres han tenido miedo de su pareja en algún momento. Si se extrapola el porcentaje a la población femenina de esa edad estaríamos hablando de más de 2,5 millones de mujeres. Sólo en 2015, el 2,7% de las mujeres ha sufrido violencia física o sexual y 9,2% ha padecido violencia psicológica, control, humillaciones, acoso, amenazas.

“El 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de cualquier forma de la Violencia contra las Mujeres, debería ser un momento para que las instituciones del Estado reflexionen sobre si realmente hay un compromiso firme y decidido para erradicar la violencia contra las mujeres; y si hay una voluntad clara para reconocer y proteger a las víctimas. Lamentablemente desde Amnistía Internacional seguimos pensamos que la violencia de género ha dejado de ser una prioridad”, manifestó Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional España.

Obstáculos para la protección de las mujeres víctimas de violencia

Doce años después de la entrada en vigor de la Ley Integral, Amnistía Internacional sigue identificando graves obstáculos para la protección e identificación de las mujeres y víctimas de violencia de género.

Trabas en el sistema judicial. El miedo al proceso judicial, a no ser creídas, a las represalias, a perder a sus hijos e hijas, a la vergüenza, a no darle importancia al maltrato recibido, o el desconocimiento del proceso judicial lleva a que el 67’8% de las mujeres que reconocen en la Macro encuesta de 2015 haber sufrido violencia no vayan a los juzgados.

Hace tres años Amnistía Internacional denunciaba los obstáculos que las mujeres víctimas de violencia de género se encontraban en los juzgados, como son: la falta de información sobre sus derechos, la falta de diligencia en la investigación judicial, la dificultad para demostrar la violencia psicológica, o los prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas. A día de hoy sigue sin haber avances concretos para acabar con estos obstáculos.

El pasado 22 de octubre, Iris era asesinada en Tenerife. Se separó de su pareja en 2012 tras 11 años de relación y 3 hijos menores de edad. Interpuso varias denuncias contra su ex pareja. Dos de las denuncias se archivaron por “falta de indicios probatorios”. Se rechazó la orden de protección a la víctima para no poner en riesgo el trabajo de su agresor que trabajaba en una gasolinera cercana a la casa. Nos preocupa que detrás de todo esto nos encontramos ante un caso más en el que la víctima no es creída y no se toman medidas para protegerla”, relató Virginia Álvarez.

Desprotección para las víctimas de violencia sexual. Amnistía Internacional valoró positivamente algunas medidas que han aumentado la protección a las víctimas de violencia contra las mujeres como fue la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, así como las reformas legislativas tendentes a mejorar la protección a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, o a las mujeres migrantes en situación irregular víctimas de violencia en el ámbito familiar. Sin embargo, la Ley Integral aborda únicamente la violencia cometida por pareja o ex-pareja y deja en una situación de especial vulnerabilidad a las mujeres víctimas de violencia sexual llevada a cabo por terceros. Según datos de la Macroencuesta de 2015, el 7’2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres.

A Olga de nacionalidad rusa no la violó su pareja, sino que sufrió abusos sexuales por dos desconocidos en marzo de 2013. Aunque le produjeron diversos desgarros vaginales que fueron atendidos en urgencias hospitalarias, la policía que estuvo presente en toda la exploración médica, no la creyó. La misma noche de la agresión, sin darle tiempo para ducharse o descansar le tomaron declaración. Las tres atenciones médicas realizadas por el Servicio de Urgencias al que acudió fueron facturadas, y el 4 de abril de 2013 Olga recibió una carta del Hospital cifrando el gasto en 893,83 euros. Tras la agresión sexual, Olga no fue citada para comparecer como víctima, y el procedimiento abierto desde el hospital por la agresión sexual se archivó sin haberse investigado. Dos semanas después de la agresión, la detuvieron por “simular” la agresión sexual para conseguir la regularización. En todo este proceso no contó con intérprete que le explicara qué estaba pasando. Fue ingresada en un Centro de Internamiento para Extranjeros para iniciar el proceso de expulsión a su país. La orden de expulsión estuvo vigente hasta mayo de 2015, no fue devuelta a su país por tener caducado el pasaporte. Finalmente los cargos contra ella fueron archivados. Tras su salida del CIE, gracias al apoyo de varias ONG, comenzó un proceso de recuperación del trauma vivido, pero no tuvo ningún apoyo por parte de la administración. Si la agresión la hubiera cometido su pareja este procedimiento de expulsión no se habría puesto en marcha.

Víctimas no reconocidas como víctimas. Amnistía Internacional valora positivamente que se haya modificado la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y se reconozca a los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género también como víctimas. Según los datos de la Macroencuesta de 2015, más del 70% de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género tienen hijos e hijas menores que viven expuestos a esta situación y que por tanto son víctimas de la misma. El 61’7% de las mujeres que alegan haber sufrido maltrato en el último año, aseguran que los menores también han sido víctimas de maltrato en algún momento. Sin embargo, las madres que pierden a sus hijos e hijas asesinados por sus parejas o ex parejas no son consideradas víctimas de violencia de género por este hecho.

“El miedo a que los niños y niñas sean asesinados es una realidad, hay cifras que lo demuestran. Pero cuando esto ocurre, sus madres no son consideradas víctimas de la violencia de género, no tienen ningún tipo de apoyo jurídico, psicológico, ni derecho a reparación”, manifestó Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional España.

Recortes en la protección a las mujeres víctimas. Existen datos preocupantes que confirman que las políticas de austeridad han afectado a la implementación de la Ley Integral por parte de la administración central, las administraciones autonómicas y locales. Desde 2011 a 2015, se ha producido un descenso del 21% de las partidas destinadas para la protección estatal a las víctimas de violencia de género en los Presupuestos Generales del Estado. Mientras que la partida específica destinada a los servicios de atención a víctimas gestionadas por las Comunidades Autónomas se ha reducido un 50%.

“Frecuentemente se hace recaer la responsabilidad de la salida de la violencia a la que están sometidas sobre las propias víctimas, las indemnizaciones sólo pueden ser dictaminadas en un proceso judicial y estás son incompatibles con cualquier otro tipo de ayuda económica que la víctima hubiese podido percibir. Las ayudas dadas hasta el momento son mínimas, incluso para la atención psicológica a las que deberían acceder todas las víctimas de violencia”, destacó Verónica Barroso.

Entre 2008 y 2015, según fuentes del Ministerio de Sanidad, y en aplicación de la Ley de Ayudas a Víctimas de Delitos Violentos, 66 mujeres víctimas de violencia de género pidieron ayuda para gastos terapéuticos, sólo se concedieron 2 en 2011.

Sin derecho a la reparación. La Ley Integral no aborda el derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género que debería incluir entre otras cuestiones, una indemnización adecuada y garantías de no repetición. 12 años después la falta de compromiso con las víctimas supervivientes es una asignatura pendiente y no abordada. La Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito, ha sido una oportunidad perdida para alinear el derecho español a los estándares internacionales de derechos humanos.

Organismos internacionales como el Comité de la CEDAW han reiterado a España su obligación de velar porque las mujeres y las niñas tengan acceso a medios inmediatos de reparación y protección. El Estado español ha hecho oídos sordos a estas recomendaciones en el caso de Ángela González. El Comité condenó a España el 4 de agosto de 2014 por no haber actuado diligentemente para proteger a Angela y a su hija. Pese a haber más de 30 denuncias por maltrato contra ella y contra su hija Andrea, los jueces las desoyeron y obligaron a la menor a cumplir el régimen de visitas. Durante una de esas visitas, la menor de siete años fue asesinada. Angela ni siquiera ha obtenido una verdadera disculpa por parte de la autoridades, al contrario, la respuesta del Estado en este caso ha sido insistir en que las recomendación de los organismos internacionales no son de obligado cumplimiento.

Amnistía Internacional pide al Estado que adopte las medidas legislativas necesarias para asegurar que la agresión no volverá a repetirse, y que las mujeres víctimas de violencia de género tendrán garantías de no repetición.

Tras varios años de celos, control y malos tratos, el 19 de septiembre de 2013 Sara Calleja dejó a su pareja. Ahí empezó su calvario.19 denuncias, tres juicios, nueve meses de cárcel para él, dos órdenes de alejamiento y la prohibición de entrar en España, ya que es de origen belga. Nada bastó. El día de su separación empezaron los mensajes, las amenazas veladas, a través de las redes sociales, la persecución. Su última denuncia fue 3 semanas antes de suicidarse. La respuesta judicial fue que no mirara las redes sociales. Sara no pudo más.

Amnistía Internacional se dirigirá al nuevo Gobierno para recordarle que legislar por sí sólo no basta. Ninguna ley o normativa será suficiente si no va acompañada de un verdadero compromiso de las autoridades para ponerla en práctica. Por lo tanto Amnistía Internacional pide a todos los grupos políticos que de cara a esta nueva legislatura se comprometan a:

  • Hacer una evaluación de todas las medidas establecidas en la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, especialmente en relación al funcionamiento de los juzgados especializados de violencia de género.
  • Asegurar que en dicha evaluación hay una participación activa de las víctimas supervivientes y sus familiares para conocer los obstáculos a los que se enfrentan y adoptar medidas adecuadas para atender sus necesidades.
  • Garantizar que las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual, ya sea cometida por pareja o expareja o por terceros, tienen todos sus derechos garantizados y recursos disponibles para su protección.
  • Garantizar el derecho a una verdadera reparación de las víctimas, que incluya la no repetición de los abusos.

Premios Nobel de la Paz disertan sobre el rol de la mujer en la democracia

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Por Pilar Paricio • Con el título “las mujeres hacen avanzar la democracia”, han participado cinco premios Nobel de la paz, en la Cumbre Internacional de los premios Nobel de la paz en Barcelona: Dra. Shirin Ebadi, Sra. Tawakkol Karman, Prof. Jody Williams, Sra. Mairead Corrigan Maguire, Sra. Betty Williams y la representante de Naciones Unidas Sra. Cristina Gallach.

La yemení Tawakkol Karman ha hecho un llamamiento a que reflexionemos sobre lo está pasando en Oriente Medio, según sus palabras, en solo un año y medio, Isis ha crecido sorprendentemente.

La activista Jody Williams ha comentado una iniciativa de la organización mujeres por la paz, que en breve visitarán países europeos donde se concentran gran número de refugiados sirios como Croacia y Eslovenia.

La doctora iraní Shirin Ebadi, advierte de la importancia de la lucha de las mujeres, en una sociedad como la iraní, el gobierno sabe que si las mujeres consiguen sus reivindicaciones será el primer paso hacia la democracia y contra la abolición del régimen islámico.

La activista irlandesa Mairead Corrigan Maguire informa de la acción que van a desarrollar en Siria. Invitados por el gran patriarca de las religiones, van a ir a pedir paz y la reconciliación.

La también activista irlandesa Betty Williams opina que el papel de las mujeres es crucial, habría que desplazar un poco a los hombres y tomar las riendas del trabajo por la paz. En esta línea trabajan con la Fundación Ciudad de la Paz para acoger niños refugiados.

La representante de las Naciones Unidas Cristina Gallach está de acuerdo en que las Naciones Unidas no han conseguido su objetivo en el campo de la paz. Tampoco han conseguido la igualdad de género.