Mitos del derecho penal

Otro derecho penal es posible /Las presiones sociales y mediáticas están contribuyendo a conformar una opinión pública errónea en torno a la criminalidad y a la seguridad ciudadana en nuestro país. Aunque siempre manifiestamente mejorable, se está transmitiendo que existiría un problema grave de inseguridad, fomentado por la vigencia de una legislación penal supuestamente en exceso benevolente que, además, permitiría que las penas no llegaran a cumplirse en su integridad.

Sin embargo, no puede decirse que en España exista un problema especialmente grave de inseguridad, ya que la tasa de criminalidad es menor que la media de los países europeos. A falta de datos del 2009, en el año 2008 la tasa de delitos por cada 1000 habitantes fue en España (1) de 46,7. La media Europea está en el 70,4. Otros países de nuestro entorno, con sistemas policiales y penales percibidos por la población como más duros duplican la nuestra o son notoriamente más elevados: p. ej. Gran Bretaña 101,6 o Alemania con un 76,3 (por encima de la media).

Según los datos analizados por el Boletín Criminológico del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (no 116, de septiembre-octubre 2009), la delincuencia en España presenta una línea globalmente descendente desde hace 20 años, lo cual se contradice totalmente con la percepción de la sociedad, las iniciativas legislativas y el incremento punitivo (2). A este respecto, en un riguroso trabajo de investigación sobre tasas de victimización (3), se señala que el 88,8% de los encuestados cree que la delincuencia ha aumentado mucho o bastante, opinión que discrepa considerablemente de la realidad de las encuestas que muestran una disminución. La causa principal, según este trabajo, de la “visión distorsionada del volumen de la delincuencia puede deberse a la reiterada información de hechos delictivos que los ciudadanos reciben a través de los medios de comunicación, más que el hecho de haber sido ellos o personas cercanas víctimas de un delito”. Y, es más, “esta visión distorsionada no tiene reflejo directo y claro en el sentimiento de seguridad ciudadana, pues a pesar de que la mayoría de los encuestados viven en barrios sin mucha ayuda vecinal, se sienten bastantes seguros caminando solos por la noche y muy seguros al quedarse solos en casa de noche con independencia del tamaño del municipio”.

Sin embargo, España tiene uno de los porcentajes de presos más altos de Europa, habiéndose llegado a cuadruplicar su población penitenciaria en el período 1980-2009 (en menos de 30 años). En algo menos de 30 años, hemos pasado de tener una población reclusa de 18.583 personas en 1980 a 76.771 personas presas en noviembre de 2009. En menos de tres décadas se ha multiplicado por cuatro (404%) la población encarcelada, mientras el conjunto del país ha pasado de tener 37,4 millones de habitantes a contar con 45.9 millones en la actualidad, apenas un 22% de incremento poblacional. Desde el año 1990 (en menos de veinte años) la población penitenciaria ha pasado de 33.035 a 76.771 personas (43.736 más; un 133%). En los últimos 9 años se produce el gran salto: hemos pasado de 45.309 personas a la actual población encarcelada (un incremento de 31.462 personas más privadas de libertad; un 70% más), lo cual significa 3.500 personas más al año en la cárcel.

Las cárceles españolas cerraron el año 2009 con 76.090 personas presas. Con respecto al año anterior supone un incremento del 3,3%, el segundo menor de la década. Hay que remontarse a 2005 para encontrar una subida más moderada, el 2,6%. Las celdas de los centros penitenciarios acogían a finales de diciembre a 60.278 reclusos con condena (un 7,6% más en el año anterior) y 15.812 preventivos. Estos últimos, los que esperan en prisión un juicio o una sentencia, descendieron un 10,2%; después de una década en la que el incremento del número de preventivos osciló entre el 3,2% (en 2005) y el 14,4% (en 2002).

La población reclusa no ha parado de crecer en la última década, bien es cierto que de forma desigual: el aumento mínimo se registró en 2005 (2,6%) y el máximo, en 2008, con una subida del 9,6%. Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se explica que los incrementos que se han venido produciendo son fruto de las sucesivas reformas legales. El Código Penal de 1995 eliminó la redención de penas, con lo que la condena efectiva a cumplir se ampliaba. En 2003, se produjo la tipificación de más delitos y se dificultó el acceso al tercer grado. Y después llegó el endurecimiento de las penas por maltrato y por delitos al volante. La saturación de las cárceles es una constante en España, el país de la Unión Europea con una mayor tasa de reclusos (164) por cada 100.000 habitantes. El hacinamiento en los penales se transmite de generación en generación (4).

Un magnífico y detallado análisis de la evolución de la población encarcelada, ingresos y salidas de prisión y sus causas (entre las que no está el incremento de delitos, sino el incremento punitivo del Código Penal de 1995, la ausencia de mecanismos de sustitución de las penas, la reducción del número de libertades condicionales y las reformas penales de los años 2003 y 2004) puede encontrarse en la obra de José Cid Moliné (5), quién también analiza la capacidad del proyecto reduccionista presentado por el Grupo de Estudios de Política Criminal en los años 2003-2004 (6) para invertir esta tendencia, valorándola positivamente tanto para la reducción del encarcelamiento innecesario como en una más eficaz lucha contra la delincuencia.

La población penitenciaria va aumentando exponencialmente sin responder a un incremento de los delitos. Y ello, aunque parezca paradójico, es fácilmente explicable. En primer lugar, porque, contrariamente a la opinión generalizada, se recurre cada vez más a la cárcel como respuesta a la criminalidad, en detrimento de otras penas y alternativas menos agresivas, y recurriendo constantemente al agravamiento de las penas (7). En segundo lugar, porque la pena de prisión sigue endureciéndose hasta haber llegado a alcanzar una duración mayor que en otros ordenamientos; aparte de estar asistiendo a una continua creación de nuevas figuras delictivas castigadas con esta pena. Y, además, en tercer lugar, porque con el Código Penal vigente de 1995, al haber desaparecido la redención de penas por el trabajo, sin haber disminuido la pena nominal prevista en el Código, y al haberse establecido requisitos limitativos para la clasificación en tercer grado y la obtención de la libertad condicional, los presos, en gran parte –aproximadamente el 80%–, cumplen íntegramente sus condenas dentro de prisión.

Para completar esta mirada a la evolución seguida por el archipiélago penitenciario (8) en España, resulta útil comparar siquiera brevemente el caso español con el de otros países de nuestro entorno de referencia. En el gráfico siguiente se han representado las tasas de personas encarceladas por 100.000 habitantes en diferentes países europeos, a los que se ha añadido la línea que refleja la misma tasa en EE.UU; en este caso las cifras se refieren al eje de la derecha, puesto que las magnitudes son extremadamente diferentes. Esto nos permite comparar las pendientes seguidas por las líneas de tendencia de los países europeos frente al “amigo americano”.

Pensemos que mientras en Estados Unidos nos encontramos con una tasa de 760 personas encarceladas, los países europeos oscilan entre las 63 por cien mil habitantes de Noruega y las 164 encarceladas que hay en España (9). En cualquier caso, conviene destacar que nuestro país es, junto con el Reino Unido, el que muestra la tendencia alcista más acusada de todos los países de Europa occidental en los últimos dieciséis años; hasta el punto de que en estos momentos somos el país que presenta una mayor tasa de personas encarceladas por cada cien mil habitantes (10).

Esta tendencia sin embargo no tiene por qué ser un hecho inevitable al que hayamos de rendirnos como si de un sino fatal se tratase; al contrario, encarcelar a cada vez más personas es una decisión política, sea más o menos consciente. Basta comparar nuestro caso con el de Dinamarca, que permanece estabilizado en torno a 65, o el de Suecia, que se mueve en torno a los 70, más aún, resulta paradigmático (11) el caso de Portugal, que en los últimos diez años ha logrado revertir el proceso de incremento exponencial en la década de los 90 hasta volver a tener hoy día los mismos niveles de encarcelamiento existentes en 1992, en torno a 100 personas presas por 100.000 habitantes. Aún más espectacular es el caso de Holanda, cuyo Ministerio de Justicia anunció a mediados del 2009 el cierre o la reconversión (se trataría de “importar presos” de la vecina Bélgica) de 8 centros penitenciarios, habida cuenta del mantenido descenso de población penitenciaria merced a una amplia implantación de alternativas a la prisión no acompañada de incremento de inseguridad ciudadana.

El carácter atípico de la evolución seguida por España puede quedar más claramente puesto de relieve cuando observamos en el gráfico siguiente la diferencia entre los niveles alcanzados por la tasa de encarcelamiento entre 1992 y 2008. El caso español muestra su extraordinario incremento en una diferencia de 77 puntos más.

No obstante, en la opinión pública se genera la sensación de una aplicación benevolente de la legislación penal. Nada más lejos de la realidad, pues su aplicación es una de las más duras de la Europa occidental.

Notas:
1 La cifra se refiere al territorio en el que interviene Policía y Guardia Civil, pero no hay excesivas diferencias con el resto del Estado.
2 Es un dato admitido por todos los criminólogos que incrementar las penas carece de todo efecto preventivo general relevante (Silva Sánchez, J.M. “El contexto del Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008”, en Cuadernos Penales José María Lidón, núm. 6, 2009 y Ortiz de Urbina, I. “Análisis económico del Derecho y Política Criminal”, RDCP núm. Extraordinario 2004).
3 Op. cit. Díez Ripollés, J.L., García España, E., Encuestas a víctimas en España.
4 Informaciones y datos publicados en El País del 25 de enero de 2010.
5 “El incremento de la población reclusa en España entre 1996-2006: Diagnóstico y remedios”, en Revista Española de Investigación Criminológica, Artículo 2, Número 6 (2008) http://www.criminologia.net.
6 Esta Plataforma comparte completamente los principios en los que se basa el “Manifiesto por un debate político-criminal racional” del GEPC y otros colectivos como Jueces para la democracia (se puede encontrar entre otros sitios en http://www.eldebat.cat/cat/downloads2/manifestjutges.doc). Véase también la Propuesta Alternativa al sistema de penas y su ejecución y a las medidas cautelares personales, publicada por el Grupo de Estudios de Política Criminal en Málaga en el año 2005.
7 Es un dato admitido por todos los criminólogos que incrementar las penas carece de todo efecto preventivo general relevante (Silva Sánchez, “El contexto del Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008”, en Cuadernos Penales José María Lidón núm. 6, 2009 y Ortiz de Urbina, “Análisis económico del Derecho y Política Criminal”, RDCP núm. Extraordinario 2004).
8 Expresión referida al conjunto de instituciones penitenciarias de la geografía española.
9 La tasa se refiere sólo a las personas encarceladas; no tiene en cuenta todas las que son condenadas a penas de trabajos en beneficio de la comunidad, localización permanente, multa, privación de permisos, inhabilitaciones… ni a todas las que son sometidas a procesos judiciales que no terminan en condena, las cuales han sufrido ya la “pena de banquillo”, que elevarían muchísimo la tasa de personas sometidas a control por el sistema penal.
10 En el ámbito de la responsabilidad penal de los menores, los porcentajes son aún mayores. La población juvenil que es sometida a una sanción por un Juzgado de Menores representa casi el 1% de la población entre 14 y 18 años (1.000 por cada 100.000).
11 Un ejemplo muy interesante a seguir es el de Finlandia, que en los años 70 tenía unas tasas similares a las de los países situados al Este y tras 20 años, en los que se acometió una reforma social profunda, incluyendo el sistema educativo, hoy referencia en toda Europa, consiguió llevar al país a las tasas de sus vecinos occidentales.
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