Propuestas del feminismo para las próximas elecciones

Gloria López / El Forum de Política Feminista de Valladolid organiza un debate en el que participan tres candidatas para los comicios de mayo y propone salir de la crisis con más igualdad.

El próximo 6 de abril, a las 19:45 horas, comenzará el debate ‘Políticas de igualdad en las elecciones municipales y autonómicas 2011’, organizado por el Forum de Política Feminista de Valladolid y en el que participarán Begoña San José, del Forum de Política Feminista, María Sánchez, candidata por IU al Ayuntamiento de Valladolid, Arenales Serrano y Ana Redondo candidatas por el PP y el PSOE respectivamente a las Cortes de Castilla y León.

El intercambio será moderado por Nina Infante, presidenta del Forum de Política Feminista y responde al deseo de las asociaciones de mujeres de “ejercer conscientemente el derecho al voto que conquistaron sus antecesoras”, para lo cual presentarán conjuntamente a los partidos políticos sus reivindicaciones ante las elecciones locales y autonómicas del 22 de mayo de 2011, de las que saldrán más de 64.000 concejalas y concejales de 8.111 ayuntamientos, y la representación a los 7 cabildos y 3 consejos insulares y a las 3 diputaciones forales, así como 866 diputadas y diputados de 13 comunidades autónomas.

Las feministas alertan contra el “fundamentalismo anti-igualitario que, tras causar la crisis, quiere ser su solución, atacando al Estado de Bienestar”. Aseguran que en los dos últimos años España ha vivido, “por primera vez desde la instauración de la democracia, un recorte absoluto del gasto público y un retroceso en las políticas de igualdad entre mujeres y hombres”, que han llevado a que algunos ayuntamientos y los gobiernos autonómicos de Murcia y Galicia eliminen sus órganos de igualdad con rango mínimo de dirección general (también Castilla La Mancha, aunque posteriormente ha rectificado), y que la Comunidad de Madrid elimine el Consejo de participación de las mujeres creado en 1993, “organismos que suponían décimas, centésimas o milésimas de sus presupuestos”. Se recortan, pues, las políticas de igualdad sin que haya desparecido la desigualdad.

Así, afirman que “sostener las políticas de igualdad desde todos los poderes públicos es una necesidad y una demanda social, un imperativo del artículo 9.2 de la Constitución que concierne también a los poderes autonómicos y locales y una aportación, no una rémora, para la salida de la crisis”.

Situación actual

Las Comunidades Autónomas gestionan el 36 por ciento del gasto público en España, en particular la sanidad y la educación. En el periodo 2007-2010 se han aprobado 10 leyes autonómicas de igualdad y/o contra la violencia de género. Sin embargo, en el momento actual solo 5 Comunidades autónomas (Andalucía, Castilla y león, Cataluña, Murcia y País Vasco) tienen vigentes Planes de Igualdad, expresando sus objetivos, los medios para alcanzarlos, los órganos responsables y sistema de evaluación de su cumplimiento. La asignación presupuestaria media de las comunidades autónomas a políticas de igualdad es del 0,13 por ciento.

Los Ayuntamientos gestionan el 13 por ciento de los recursos públicos. En las elecciones de 2007, primeras en que se aplicó la Ley de Igualdad, el número de concejalas aumentó en 5.772, llegando a 24.481, el 37 por ciento del total, aunque el equilibrio de sexos avanzó poco en las alcaldías, donde la presencia de mujeres sólo creció del 13,17 por ciento al 14,86 por ciento, en las juntas de gobierno, en las que las mujeres son menos del 18 por ciento en Aragón (15,93 por ciento), Castilla y León y La Rioja, y sólo superan el 28 por ciento en Madrid, País Vasco y Andalucía (32,47 por ciento), y en las concejalías con más poder: urbanismo (17 por ciento) y hacienda (28 por ciento).

Los municipios rurales, además excluidos de la obligación de paridad, son invisibilizados en los datos oficiales. El Ministerio del Interior sólo publicó el desglose por sexos de resultados electorales 2007 en los municipios de más de 5.000 habitantes, y el estudio

El impacto de las políticas de igualdad en el ámbito local realizado entre 2007 y 2009 por la Universidad de Santiago para el Instituto de la Mujer estatal se circunscribe a 198 los municipios de 25.000 a 100.000 habitantes.

Según dicho estudio el 54 por ciento de los ayuntamientos medianos y grandes tiene plan de igualdad en vigor, el 70 por ciento asigna partida presupuestaria específica para su política de igualdad y el 60 por ciento cuenta con Consejo de Participación de la Mujer. La reducción de los fondos europeos ha afectado a la financiación y a la propia subsistencia de las Concejalías de la Mujer, que según la FEMP en 2007 gestionaban el 0,24% del gasto municipal.

El estudio realizado por el Instituto Andaluz de la Mujer en todos sus municipios baja al 17 el porcentaje de los que tienen Consejo de participación de las mujeres, y 5 de sus 8 provincias tienen Consejo provincial.

De tuteladas a interlocutoras

Las asociaciones de mujeres quieren pasar de tuteladas a interlocutoras de los poderes públicos, reivindicando, ante las elecciones del 22 de mayo de 2011, una salida de la crisis con más igualdad social y sexual.

Ayuntamientos y corporaciones locales

Para construir una “democracia paritaria y participativa” las feministas defienden el “equilibrio de mujeres y hombres en las candidaturas, incluyendo las de municipios menores de 3.000 habitantes, con listas cremallera, encabezadas al 50 por ciento por mujeres”, como propuesta fundamental.

Además exigen “que sea un criterio de selección de candidatas y candidatos el compromiso y experiencia en la defensa de la igualdad, la vigilancia de la berlusconización de la presencia de mujeres en la política, el acceso efectivo y no manipulado de las y los inmigrantes al derecho al voto en las elecciones locales. Abogan asimismo por un “Consejo de participación de las Mujeres representativo, plural, autónomo y reivindicativo”.

Las organizaciones apelan al “compromiso político con la promoción de la igualdad” con mecanismos de participación y recursos, y por la transversalidad en su acción en materia de vivienda, seguridad, transportes públicos, empleo, sanidad etc., exigiendo un informe participativo del impacto de género de los Presupuestos.

Ofrecen para los Ayuntamientos propuestas concretas en cuanto a la implementación de políticas en los campos de salud (dando espacio a la salud reproductiva), cultura, deporte y tiempo libre, educación, que apuesten por la igualdad y ayude a corregir estereotipos.

También, en cuanto a violencia de género, las feministas proponen “suficiencia, continuidad y transparencia en el reparto autonómico y local del Fondo para la Asistencia Social Integral (jurídica, psicológica, social, económica, laboral y de vivienda) a las víctimas previsto en la Disposición Adicional 13 de la Ley 1/2004, y Ley contra la violencia de género de Castilla y León, efectividad de las medidas de vivienda y de los planes de prevención en los Consejos escolares Locales y de Centro (art.8), atención a las causas de su doble incidencia en inmigrantes, por su precariedad laboral, jurídica y social y fortalecimiento de las tareas de prevención y educación.

Por último, dan importancia al concepto de “Municipios activos en la igualdad en el empleo y los cuidados” y a la planificación y gestión igualitarias del urbanismo y la vivienda, aspectos que desarrollan pormenorizadamente con propuestas para las cuales es imprescindible la participación activa de las asociaciones de mujeres.

Proponen la participación de la FEMP en la Conferencia Sectorial de la Mujer, junto al Estado y las CCAA.

Comunidades Autónomas

Las organizaciones feministas también aportan medidas dirigidas a la mejora de la política en las comunidades autónomas, como el fortalecimiento de los organismos autonómicos de igualdad (Institutos o Direcciones Generales, al menos), Planes de Igualdad continuados, con objetivos concretos y evaluación transparente y participativa y la participación de los Consejos de Mujeres (estatal, autonómicos y locales) en el seguimiento de estas políticas. Renovación del Consejo de la Mujer.

Educación, Ley de Dependencia, violencia de género y salud son los cuatro ejes del “programa feminista”, con el objetivo de garantizar su universalidad y gratuidad, así como la ampliación de recursos económicos y humanos y de los aspectos que cada uno de estos ámbitos necesita incorporar. Se trata de priorizar un enfoque “psicosocial”, de elevar el gasto público en salud y educación y de frenar el proceso de privatización. Incluyendo a las mujeres en la elaboración, desarrollo y evaluación de los distintos programas.

Fuente: Ameco Press

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