¿Qué sabemos de lo ocurrido en la mina de San José?

El presidente chileno y los medios de comunicación

Antonio Baylos* / Sabemos la importancia que tiene la reconstrucción mediática de un hecho social. Su valor simbólico final depende en gran medida de cómo haya sido construido por la comunicación social. ¿Qué significado se desprende de esta operación de reconstrucción mediática? Un gravísimo accidente laboral nos permite reflexionar sobre el tema: el derrumbe de la mina San José en pleno desierto de Atacama, en Chile, y la excepcional subsistencia de 33 mineros en la misma.

Cualquiera que conozca la noticia, se interroga ante todo sobre la supervivencia de los mineros, pero también sobre las condiciones en las que se ha producido el accidente y las formas de prevenirlo. Sin embargo, este no ha sido el enfoque predominante en el panorama mediático español. En el tratamiento de la noticia se ha impuesto de forma general que debe siempre prevalecer el llamado «lado humano» de la misma: los mineros han sido encontrados con vida, la población lo festeja, las autoridades, incluido el recién elegido presidente de la república, acuden a hablar con ellos, se organiza el aparato de salvamento, la boca de la mina se llena de banderas chilenas y de cruces que simbolizan las plegarias de las familias y vecinos.

Todo converge en conseguir que salgan con vida, «que es lo importante». En esa línea se informa –y se explica de una forma más o menos detallada– que una serie de empresas especializadas –suecas, australianas– preparan técnicamente la intervención salvadora. Incluso la propia agencia espacial norteamericana, la NASA, prepara un plan de abordaje y salvamento preciso. Es, sin embargo, mucho más difícil que la prensa se pregunte por qué ha sucedido este hecho. Ningún periodista habla ni se interroga por las responsabilidades que este hecho genera. Alguien menciona, pero es una excepción, que la mina ha sido cerrada en un tiempo por absoluta carencia de medidas de seguridad, pero que fue reabierta sin cumplir los requisitos de construcción de una salida de emergencia aprovechando la torre de ventilación, requisito que había establecido un organismo oficial.

Invisibilizar las responsabilidades

Hay por tanto un aspecto que queda siempre en la zona de sombra de la información, que se relaciona con la organización de la empresa y la ignorancia de las medidas preventivas del riesgo de accidente. Y eso que basta con escribir en Google «Mina San José (Chile)» para que aparezcan informaciones que apuntan, justamente, a las causas.

Hay una versión invisible de este hecho, la que sustentan los dirigentes del Sindicato nº 2 de Minera San Esteban Primera y la CUT provincial de Copiapó, y que han hecho suya los representantes de las organizaciones sindicales de la minería de todo el país. Este enfoque sostiene que la tragedia, largamente anunciada por los dirigentes sindicales de la mina, es la consecuencia inevitable de un sistema económico que pone en el centro la rentabilidad privada sobre cualquier otra consideración, incluyendo la seguridad e incluso la propia vida de los que con su trabajo generan esa rentabilidad.

Las responsabilidades son compartidas entre la contraparte empresarial, que atropelló repetidamente el reglamento de seguridad minera en su afán de aumentar la producción en el escenario del alto precio del cobre, y el Estado, en cuanto autoridad supervisora, a través de instituciones como el Servicio Nacional de Geología y Minas, la Inspección de Trabajo, la Secretaría Regional Ministerial de Salud, la Superintendencia de Seguridad Social, el Gobierno regional, todas las cuales fallaron a la hora de preservar la seguridad e integridad de los 33 mineros atrapados, e incluso la Corte de Apelaciones de Copiapó, que rechazó un recurso de protección presentado por el consejo directivo de los Sindicatos de Trabajadores de Minera San Esteban Primera, el 6 de marzo de 2004.

No encontraremos esta información en nuestros periódicos, y quién sabe por qué nuestros periodistas no consideran importante este tipo de informaciones. Tampoco se indaga por la propiedad de la mina, ni por el destino de su producción, posiblemente una gran compañía transnacional americana. Ni se habla de la posible declaración de quiebra por parte de la empresa al estar la mina cerrada y no producir beneficios, con la consecuencia que prevé la legislación chilena de exonerar a la empresa del pago de salarios e indemnizaciones. Sólo conocemos que los empresarios mineros acudieron al Parlamento como comparecientes y allí justificaron su acción sobre la base de que introducir las medidas de seguridad en la mina dificultaría la producción en la empresa, encarecería el proceso de extracción de mineral y a la postre impediría la propia viabilidad de la empresa. Y que instaron al Congreso a que decidiera cuanto antes recomenzar los trabajos para evitar la quiebra de la empresa.

Este era un gran tema periodístico: una empresa que valora la siniestralidad laboral como un elemento aleatorio que debía someterse a una lógica de costes económicos, medido en términos concretos de continuidad de la producción y de generación de beneficios. Y un Parlamento que accede. Sin embargo, esta vía de aproximación no se utilizó, ni se investigó el sistema legislativo chileno en esta dirección.

Presentarnos a una clase subalterna

Esa omisión de datos no ha impedido que se desarrolle lo que se podría definir como un periodismo de investigación en este tema. Hay dos líneas de información en este caso. Una resalta la religiosidad en la que se desenvuelve el encierro de los mineros y su inevitable plegaria de salvación, que encuentra expresiones diferentes entre católicos y evangelistas que compiten entre sí por la fe de los mineros. Otras informaciones sobre el derrumbamiento de la mina se convierten, por el contrario, en un concienzudo análisis del alcoholismo de los mineros y de cómo combatir su síndrome de abstinencia. Se subraya que alguno de ellos, además, se niega a regularizar su situación afectiva con una pareja con la que ha convivido –y con la que tiene dos hijos– desde hace dieciocho años. Los mineros deben ser compadecidos, ciertamente, por este hecho fatal y azaroso de encontrarse aislados a cientos de metros bajo tierra en un habitáculo mínimo y claustrofóbico, pero el ‘lado humano’ de la noticia es que esos hombres no se corresponden con una épica de la clase obrera, sino con una clase subalterna, resultado del darwinismo social: trabajadores de riesgo, sólo útiles en la oscuridad de la mina, donde producen mineral como topos ciegos.

Sin embargo, un buen periodismo de investigación habría sido capaz de suministrar datos relevantes sobre el panorama social en el que se desarrolla el accidente y que permitirían ofrecer una imagen mucho menos distorsionada de este fenómeno. Es importante conocer que en Chile la realización de estos trabajos se lleva a cabo mediante la subcontratación de actividades, que permite un sustancioso abaratamiento de los costes salariales directos, y que elude un mecanismo de responsabilidad mínimamente eficiente.

Un buen periodismo de investigación habría puesto sobre la mesa que la legislación chilena permite, en caso de quiebra de empresa, que los empresarios contratistas o subcontratistas no paguen sus obligaciones salariales ni las indemnizaciones debidas por accidente, y no se prescribe una intervención subsidiaria del Estado respecto de la responsabilidad empresarial.

Habría informado de que la Inspección de Trabajo en Chile se ha visto muy debilitada por una continua política de disminución de puestos de trabajo del Estado. Habría puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de responsabilidad ante el accidente laboral en un esquema organizativo de empresas dislocadas y fragmentadas, que deben ser reconstruidas jurídicamente en torno a un nuevo concepto de «empresario complejo» que integra la cadena de subcontratación y que se debe regir por la regla de la responsabilidad solidaria, proyectándose fundamentalmente sobre el lugar de trabajo como espacio generador de la responsabilidad patrimonial.

Es urgente abrir un debate amplio sobre el derecho de los ciudadanos a ser informados verazmente y a impedir la manipulación informativa, precisando un sistema de garantías colectivas sobre los flujos de información sesgada o tergiversadora de la realidad. Sólo así los medios de comunicación dejarán de informar de esta manera sobre la tragedia y el sufrimiento de los trabajadores del mundo.

*Antonio Baylos es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Artículo original: Porexperiencia, número 50.

 

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