La EMVS subasta 220 viviendas de protección oficial en Vallecas

Francisco José Jiménez Rico / La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ha subastado 630 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler pertenecientes a cuatro promociones repartidas por los barrios de Sanchinarro (300), Vallecas (220), Carabanchel (80) y Pavones (30). Las familias afectadas han acusado al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de incumplir la promesa realizada durante la entrega de llaves de los propios pisos y han subrayado el verdadero interés de la EMVS: recibir un balón de oxígeno en forma de 65 millones de euros que palie su estratosférica deuda de 1.040 millones. 

Si alguien pasea por la calle Cabeza Mesada (Villa de Vallecas) puede descubrir un edificio cuya fachada está salpicada de alusiones a Ruiz-Gallardón, tildado de “ladrón” y ‘homenajeado’ con diversas caricaturas. Se respira la tensión. Y es que las vacaciones de verano se vieron truncadas para estos vecinos cuando, el pasado 3 de agosto, la EMVS les anunció por carta la próxima puesta a subasta de las promociones completas de sus viviendas para su venta a promotores privados o fondos de inversión inmobiliaria. Sólo 40 días después las casas tenían nuevo gestor: la empresa Lazora, que mantendrá las viviendas en régimen de alquiler hasta 2020 (tal y como iba a hacer la EMVS). A partir de este año la propia Lazora o una tercera compañía podrán comprar las promociones para poner en venta las casas ya calificadas como libres.

Los vecinos se sienten engañados porque en su día se les comunicó que, transcurridos los 10 años de alquiler tipificados por contrato, dispondrían de una opción de compra. La Hoja de Vallecas ha confirmado la veracidad estos datos según anunció la propia página oficial del Ayuntamiento de Madrid, a fecha 6 de mayo de 2005: “Trescientos jóvenes de la Ciudad de Madrid disfrutan desde hoy de su primera vivienda, en la que residirán en régimen de alquiler con opción a compra”, se publicó entonces.

Los adjudicatarios, que por contrato tenían que ser menores de 35 años, han visto como sus familias han crecido en oposición a la seguridad de sus hogares. Muchos de ellos entraron a vivir en 2002, luego a partir de 2012 tendrán que acogerse a las condiciones de alquiler de Lazora. A la vista de la polémica mediática generada y de la movilización vecinal, esta empresa se ha apresurado a anunciar que sus contratos contemplarán las mismas condiciones que las existentes en los de la EMVS. Pero los afectados son pesimistas y hablan de fraude: cuando en 2020 puedan adquirir el piso, tendrán que hacerlo a precio de mercado y no al precio público al que se comprometió Ruiz-Gallardón.

Artículo original en el blog Reflexiones a la lontananza

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