España se niega a acabar con las bombas de racimo

El Gobierno defiende a las empresas de armas en un tratado internacional contra esta munición.

Las bombas de racimo son bombas que, al caer, se abren y sueltan numerosos explosivos. Muchos de éstos no llegan a explotar al caer y, de esta manera, se convierten en minas antipersona. España, uno de los mayores exportadores de armas del mundo, se niega a aprobar un tratado que, al menos, prohíba este tipo de armamento.

El Gobierno de España mantiene sus reservas a la eliminación total de la fabricación, almacenamiento y uso de las bombas de racimo. La próxima semana tendrá lugar en Dublín (Irlanda) la última conferencia internacional del Proceso de Oslo, que pretende lograr la firma de un tratado similar al consensuado por 170 países hace una década para acabar con las minas antipersonales. Las ONG Greenpeace y Fundació per la Pau denunciaron recientemente que España (productor de estos explosivos) protege la postura de las empresas armamentísticas. 

 

Los reparos del Gobierno lo sitúan junto a los principales países productores de estas bombas (llamadas de dispersión). Son China, EEUU, Alemania o Brasil, frente a otros que ya se han postulado por su eliminación total como Noruega, Austria o Bélgica. 

Las modernas son “seguras” 

Los gobiernos de los países donde hay fabricantes pretenden aprobar un tratado que elimine las bombas antiguas, pero no las actuales. Según ellos, los artefactos modernos son seguros. Greenpeace y la Fundació per la Pau denuncian que esa excepción evitaría el “estigma” necesario sobre esta munición tan mortífera con los civiles y se seguiría utilizando. “No hay bombas de racimo buenas o malas, como tampoco había minas antipersona más o menos destructivas”, resume Mabel González, de la ONG ecopacifista. 

Las bombas de racimo fueron lanzadas por última vez en Líbano en 2006. El ejército israelí bombardeó con cuatro millones de pequeños artefactos de fabricación estadounidense e israelí las ciudades libanesas. Un millón de ellas no explotaron. Una misión de la ONU, en la que paradójicamente participa España, se encarga ahora de limpiar estos explosivos. Sin embargo, muchos niños de la zona caen en la trampa de coger un artefacto brillante del tamaño de una mano como si fuera un juguete. La consecuencia inevitable es la amputación de la mano. 

Si el Gobierno no apoya definitivamente la firma de un tratado que acabe por completo con esta munición, estará, además, incumpliendo su propio compromiso legal. La “Ley de control del comercio exterior de material de defensa y doble uso”, aprobada el año pasado, obliga al Ejecutivo a promover aquellos tratados internacionales en contra de “todos los tipos” de bombas de racimo, según el texto.  

En la última reunión que mantuvieron las ONG con el Gobierno socialista, los responsables del Ministerio de Exteriores les trasladaron que su pretensión era promover un tratado blando para obtener el máximo consenso internacional posible. Las ONG creen que una puerta abierta a un tipo de bombas de racimo supone la continuidad de su uso. 

El parlamento catalán apoya a las ONG por la eliminación total 

Una propuesta de resolución firmada por todos los partidos del Parlament de Catalunya aprobó el pasado lunes instar al Gobierno español a tener un papel activo en la conferencia de Dublín (Irlanda). Los partidos apoyan la postura de la campaña “Stop Bombas de racimo” promovida por varias ONG que pretenden que la conferencia posibilite la firma de un tratado internacional que prohíba el uso, almacenamiento y fabricación de este tipo de munición. 

Con la firma de ese compromiso, el Govern se coloca un paso por delante del Gobierno en la presión para la eliminación total de este tipo de armas. El Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero pretende que el tratado internacional que se firme la semana que viene en Irlanda elimine de manera parcial esta munición.  

La comisión de Cooperación y Solidaridad del Parlament, promovió los siguientes puntos: reforzar el Proceso de Oslo, impulsar iniciativas ya tomadas por otros países de su entorno como las moratorias en la fabricación (el último fue Austria), que cumpla la ley de comercio exterior que obliga a España a promover la eliminación total. 

Fundació Per la Pau 

La aprobación de estos puntos se produce un mes después de que los miembros de la Fundació Per la Pau comparecieran en el Parlament para pedir la ayuda de la Generalitat en la lucha contra estas bombas. 

De momento, el Gobierno español, a través de su participación en las reuniones previas a Dublín, ha defendido la inclusión de excepciones en el tratado final. La representación del Ministerio de Exteriores que el Gobierno envió el año pasado a la última conferencia de Viena, se puso de parte de los países fabricantes de estas bombas, que defendieron los intereses de sus propias empresas. Esta postura consiste en prohibir el armamento antiguo, pero no el que se fabrica actualmente.

Fuente: publico.es

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